La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, despidió cuatro días antes de año nuevo a por lo menos 800 agentes en todo el país mediante una serie de engaños para obligarlos a firmar “renuncias voluntarias”.

 

Decenas de fiscales, policías, agentes, peritos y personal administrativo de la FGR fueron despedidos súbitamente en los últimos días del 2021 por razones, según la dependencia, de “austeridad” y “reestructuración”.

 

A unos 200 efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) los engañaron diciéndoles que iban a realizar un operativo el pasado 28 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para desmantelar una supuesta banda que se dedicaba al tráfico de migrantes indocumentados.

 

Sin embargo, los peritos y policías de investigación de la FGR que aterrizaron ese día en suelo Chiapaneco fueron llevados apenas al llegar a un auditorio ubicado dentro de la delegación estatal de la institución. Una vez ahí, el coordinador regional en Tuxtla Gutiérrez les pidió a los 200 oficiales que dejaran sus armas y sus teléfonos celulares en la entrada.

 

Los agentes pensaron en ese momento que se trataba de medidas para evitar posibles filtraciones del supuesto operativo para el que habían sido reclutados, hasta que alguien cerró la puerta del auditorio y se escuchó un “clic” que pareció ser el de un candado.

 

A los pocos minutos les avisaron a los 200 agentes que se encontraban ahí que no habría ningún operativo o rescate de migrantes y que nadie podía abandonar el auditorio salvo con autorización previa de los superiores. “En ese momento nos dijeron ‘les notificamos a todos ustedes que vas a causar baja de la institución el 1 de enero y aquí están sus renuncias”, le dijo uno de los afectados al periodista Óscar Balderas.

 

“Aquí está su cheque, su finiquito y firmen rápido y no la hagan de pedo, porque si no les retenemos hasta la quincena”, recordó uno de los perritos afectados. “Nadie sale hasta que no firmen”. A ninguno de los agentes les fue permitido asesorarse con abogados o comunicar la noticia a sus familiares hasta que firmaran la renuncia voluntaria. Tampoco tuvieron acceso a agua o sanitarios.

 

“Así nos pagaron años de lealtad a la institución […] Lo que pasó en diciembre fue una traición a la procuración de justicia al más alto nivel. Y la gente tiene que saberlo: el fiscal Gertz Manero nos mintió en la cara y echó a la calle a la gente que sí está haciendo algo contra el crimen organizado”, dijo otra de las fuentes consultadas.

 

Casos similares —donde la dependencia justificó falsos operativos para reunir a todos los despedidos— se presentaron en Morelos, Tabasco y Ciudad de México. “Nos dieron una hoja membretada en la que supuestamente aceptábamos nuestra baja. Algunos compañeros, los más grandes, aceptaron indemnizaciones de hasta 350 mil pesos, pero hubo otros que les querían quitar pensión, antigüedad, prestaciones, todo, por un pago único de 20 mil pesos”, denunció el agente R. F., uno de los cesados en la capital mexicana.

 

Pedro Ayala, abogado de agentes despedidos, aseguró al medio que un juez de distrito ya otorgó el primer amparo para dejar sin efecto el despido de un suboficial de la Fiscalía General de la República, cesado desde el 28 de diciembre, por lo que el suboficial podrá permanecer en su puesto —con salario intacto y mismas condiciones de trabajo— hasta que un juez determine si su despido estuvo ajustado a las leyes laborales mexicanas.

 

“Se le viene una ‘broncota a la institución”, aseguró otro perito despedido.

 

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