La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Palacio Legislativo de San Lázaro propuso la creación del fondo de pensión rural, el cual beneficiará a las y los trabajadores del campo en México, uno de los sectores más discriminados y olvidados históricamente en la república.

 

Para que este demográfico tenga acceso a una pensión para el retiro, propusieron adicionar el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social (LSS), así como un cuarto y quinto párrafo a la fracción III del artículo 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS).

 

A detalle, la bancada naranja promueve que se cree un fondo anual que salga del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual se debe de alimentar año con año para poder otorgar el derecho a una pensión digna y suficiente a los trabajadores que alimentan a México.

 

El dinero que se acumule para beneficiar a las y los campesinos deberá de ser administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de conformidad a lo que establece el artículo 239-A de la legislación en la materia y el reglamento de dicha institución. Asimismo, el IMSS procurará la inscripción de las y los productores del sector rural que cumplan los requisitos de edad previstos en su ley.

 

La cantidad que será entregada a los futuros beneficiarios del fondo de pensión rural deberá actualizarse conforme al Salario Mínimo Vigente (SMV) establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM).

 

Mientras que en lo aplicable a la LDRS, MC planteó que el Ejecutivo federal establecerá el Fondo de Pensión Rural para fomentar, financiar y promover un instrumento de seguridad social universal para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del campo en el pleno ejercicio de sus derechos sociales del sector rural y sus comunidades.

 

Respecto a los artículos transitorios, se especifica que será el poder ejecutivo federal el responsable de realizar las adecuaciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestal al fondo de pensión rural.

 

Asimismo, será este poder quien realizará una evaluación sobre los distintos programas en materia de política de seguridad social y apoyo a adultos mayores del sector rural, procurando el ordenamiento, transparencia y eficacia de ésta, con el objetivo de unificarlos y transitar hacia un esquema de acceso universal a través del fondo de pensión rural.

 

Dicha iniciativa remarca la importancia de atender a este sector de la población, ya que de acuerdo con lo expuesto por MC en San Lázaro, el 45% de los trabajadores en el campo son subordinados y remunerados; el 37.1% labora por cuenta propia; 12.6% prestan sus servicios sin remuneración monetaria; y, tan sólo el 5.35 son empleadores.

 

Durante la exposición de motivos, los legisladores especificaron que la iniciativa contribuirá a garantizar el acceso a la seguridad social para uno de los sectores de la población más vulnerable, ya que este derecho es fundamental para reducir la pobreza y las carencias en la población rural mexicana.

 

Aunado a esto, el texto advierte que la mayoría de los trabajadores agrícolas no son afiliados a las instituciones encargadas de brindar seguridad social, a pesar de que la Ley del Seguro Social establece, en el artículo 237-B, que sí tienen derecho a éste.

 

También se hace hincapié en la remuneración percibida por prestar sus servicios en el campo, pues los sueldos que se pagan son de alrededor de 18.5 pesos por hora y de quienes lo perciben, tan sólo el 7% de los trabajadores perciben aguinaldo.

 

Fue en este contexto en el que MC presentó la iniciativa que fue remitida a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para su correcta dictaminación.

 

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