El PRI en la Cámara de Diputados propuso aplazar, por segunda ocasión, la entrada en vigor de la reforma de subcontratación, la cual ya está operando. El sector empresarial “mostró toda la colaboración” para cumplir el plazo, pero sigue teniendo obstáculos, asegura la legisladora Marcela Guerra Castillo, por lo que planteó prorrogarla hasta finales de octubre.

 

En abril del 2021 el Congreso reformó ocho ordenamientos, entre ellos, la Ley Federal del Trabajo (LFT), para prohibir la subcontratación de personas. Las nuevas reglas obligan a las organizaciones asumir una relación laboral directa con las trabajadoras y los trabajadores que realizan tareas para ellas.

 

El primer plazo para realizar los cambios legales, organizacionales y fiscales que fijó el decreto se vencía el 1 de agosto. Esos cuatro meses para la entrada en vigor de las nuevas obligaciones del sector patronal “no fueron suficientes”, sostiene Marcela Guerra, quien es diputada federal por tercera vez.

 

Desde la discusión de la reforma, el sector empresarial insistía en que entrara en vigor hasta enero del 2022. En julio, días antes de que llegara la fecha límite, consiguió que el Congreso la aplazara para el 1 de septiembre. Desde entonces, es ilegal que una empresa le suministre personal a otra.

 

Sin embargo, el artículo 13 de la LFT permite la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando no sean ni el objeto social ni la actividad económica preponderante de la compañía contratante.

 

Y pone otro requisito: esas empresas de outsourcing deben estar registradas en el Registro de Prestadoras de Servicio Especializados u Obras Especializadas (Repse), a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Cada tres años tendrán que renovar esa inscripción. Hasta esta semana, más de 60,700 organizaciones han logrado este trámite.

 

La reforma de outsourcing modificó, además de la LFT, las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los Trabajadores al Servicio del Estado y Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B,del Artículo 123 Constitucional. También intervino en el Código Fiscal de la Federación.

 

Según la exposición de motivos de la iniciativa publicada este jueves, las empresas se han encontrado con siete obstáculos para cumplir con las nuevas pautas legales:

 

Burocracia, saturación de trámites, saturación de la plataforma, trámites presencial, opiniones negativas, dependencias no consideradas en la reforma legal y saturación de citas.

 

Para la legisladora, “es evidente la falta de coordinación entre las instituciones para remitirse información en común”. La burocracia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la STPS “retrasa todo el procedimiento”, asegura.

 

Esas dependencias “se encuentran rebasadas” ante “la gran cantidad de trámites que recibieron, producto de la buena voluntad de los empresarios para cumplir con lo mandatado”. Al operar con el mínimo de personal, por la pandemia del covid-19, ha habido una saturación de trámites, de citas en el SAT y de consultas en la página del Repse.

 

Muchas personas optaron por realizar el trámite de manera presencial en las dependencias en un momento de emergencia sanitaria, subraya. Encima, al llegar a la cita les solicitan requisitos que no se indican en la página de Internet, “lo que evidentemente genera más retrasos”.

 

De acuerdo con la diputada, “muchas empresas, generalmente las de nueva creación” han obtenido una “opinión negativa” al solicitar su inscripción al Repse. Eso quiere decir que no se les permite el registro y sin él no pueden operar. Cuando solicitan una aclaración, les piden “acudir a las oficinas de las dependencias, lo que se vuelve un círculo vicioso con el punto anterior”.

 

La legisladora apunta que entre los diversos trámites para la sustitución patronal que contempla la reforma, el Congreso no contempló modificar también la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot). Ahora, ese organismo “deberá diseñar los mecanismos y regulaciones internas para no afectar a sus agremiados”.

 

Desde la aprobación de la reforma, en abril pasado, “se generó una carrera contra reloj para que los empresarios dieran cabal cumplimiento a sus múltiples obligaciones, de lo contrario caerían en la informalidad y se verían imposibilitados a facturar los servicios de subcontratación”, dice la diputada.

 

En noviembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para cambiar el esquema de outsourcing vigente desde 2012. A partir de ese momento se reinició el debate al respecto, pues desde la reforma laboral de 2019 había quedado pendiente. Tanto en el Senado como en San Lázaro se habían realizado parlamentos abiertos sobre el tema y en noviembre se convocó a otro.

 

Al finalizar el año y el periodo ordinario de sesiones no llegaron a un acuerdo, pero la discusión se retomó en el siguiente y en abril finalmente fue aprobada la reforma con cambios a la iniciativa original.

 

El Congreso de la Unión ya fue “sensible de la necesidad de instituciones, empresarios y trabajadores”, al aceptar una primera prórroga, indica la diputada, pues era “claro que no lograrían la meta”. Ahora apela a esa sensibilidad para que ampliar el plazo a “180 días naturales siguientes a la publicación del decreto”. Es decir, al finalizar octubre.

 

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