El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera positivas algunas propuestas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contenidas en el Paquete Fiscal 2022, cuyo objetivo es combatir frontal y decididamente la evasión fiscal. Sin embargo, alertó que los contadores públicos no pueden asumir el control de las empresas, como lo plantea.

 

El IMCP celebró que la miscelánea fiscal contemple que los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por 876 millones 171,996.50 pesos, estén obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.

 

Sin embargo, el colectivo de contadores estimó que hay aspectos de la LIF que deben modificarse antes de que sean votados y aprobados por el Poder Legislativo, pues de lo contrario afectarían gravemente el ejercicio de su actividad profesional.

 

Precisó en específico la reforma al artículo 52, fracción II del Código Fiscal de la Federación, que establece la nueva obligación para el contador público auditor de informar a las autoridades cuando un contribuyente ha incumplido las disposiciones o cuando éste ha llevado a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal; destacó que la omisión en estos casos puede acarrear severas sanciones al auditor, que van desde la suspensión por tres años del registro del contador público, hasta prisión de tres a seis años.

 

“Consideramos que con esta adición, la autoridad no considera que, aún realizada de conformidad con las Normas Internacionales aplicables, la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran no ser detectados».

 

“Asimismo, con dicha reforma la autoridad hacendaria transfiere a la Contaduría Pública inscrita una responsabilidad del contribuyente, que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en derecho”, alertó el IMCP.

 

Alertó que de aprobarse en el Congreso dichas obligaciones, el contador público inscrito perderá la imparcialidad e independencia que requiere llevar a cabo un dictamen fiscal, pues estaría asumiendo tareas gerenciales que le son ajenas.

 

Sumado a lo anterior, es necesario considerar que el contador público no está calificado como perito en el código aduanero, lo que imposibilita cumplir con la labor de detectar incumplimientos de obligaciones en esta materia”, mencionó.

 

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