Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) federal durante el gobierno de Felipe Calderón, armó una extensa red de socios comerciales que luego utilizó para obtener (durante y después de dejar su cargo) contratos ilegales de varias entidades y agencias del gobierno mexicano por cientos de millones de dólares.

 

Los recursos fueron transferidos a 30 empresas creadas por él y sus socios en Florida, y para ocultar el dinero se hicieron operaciones financieras en Barbados, Estados Unidos y Panamá. El gobierno mexicano busca recuperar al menos 250 millones de dólares.

 

Lo anterior consta en la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cuyo litigio se desarrollará en una corte de circuito en Miami.

 

Se detalla que la red de operadores financieros y prestanombres de García Luna –sujeto a proceso penal en Nueva York, acusado de delitos contra la salud y lavado de dinero– incluye a su esposa y a José Francisco Niembro González, ex subsecretario de Tecnologías de Información en la SSP federal, quien estuvo a cargo del diseño y la puesta en marcha y operación de la llamada Plataforma México.

 

En su demanda, la UIF puntualiza que el ex funcionario creó “una compleja red de múltiples entidades y las usó para comprar y mantener múltiples bienes raíces, así como otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección.

 

“Esta red de entidades y las personas asociadas a ellas constituyen una ‘empresa’ de blanqueo de capitales, con roles y actos específicos de cada participante”. Entre ellos se encuentran Linda Cristina Pereyra de García (esposa de García Luna); los socios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su esposa Sylvia Donna Pinto de Weinberg, así como Natan Wancier Taub, quienes son los creadores de empresas como Nueva y Nueva Technologies.

 

Asimismo, están considerados partícipes de ese entramado Niembro Gónzález y su cónyuge Martha Virginia Nieto Guerrero, ya que tuvieron participación en otras empresas en las que García Luna ha sido director, miembro, accionista y operador.

 

Entre las firmas mencionadas figuran Gult Holding Enterprises, Glac Security, Technology, Risk Management, Reynolds LLC, Century LLC, Siga LLC, Penn II, LLC, Assets Financing Services LLC, ASW Holdings LLC, Awoffice Inc, AWP Village Bay II LLC, Bellini Wi 1501 Corp, Mejores Amigos Midtown LLC, Mejores Amigos desde 1880 LLC, Delta Integrator LLC y GL & Associates Consulting.

 

De acuerdo con el contenido de la denuncia, García Luna comenzó al menos desde 2012 y hasta 2018 un complicado esquema de contratación ilegal con diversas entidades del gobierno mexicano, de las que se obtuvieron ilegalmente al menos 250 millones de dólares, fondos que transfirieron fuera de México, Estados Unidos y otros lugares utilizando una extensa operación con sede en el condado de Miami-Dade, Florida.

 

El esquema de operación consistió en la obtención ilegal de una serie de contratos gubernamentales. García Luna y sus cómplices administrados mediante soborno y/o manipulación de licitaciones, y/o corrupción del gobierno, y/u otros medios desconocidos obtuvieron adjudicaciones de contratos sustanciales del gobierno mexicano en violación de la ley de adquisiciones y contratos.

 

Así, García Luna y sus socios construyeron un imperio de lavado de dinero que incluye al menos 30 empresas ubicadas principalmente en Florida; al menos 30 propiedades inmobiliarias; varios automóviles y embarcaciones, y activos bancarios y otros activos importantes en ese estado.

 

Una vez conseguidos los recursos de los contratos con autoridades mexicanas, el dinero se transfería a bancos en Barbados y luego se movilizaron a Estados Unidos.

 

El ex funcionario arregló y autorizó, directa o indirectamente, los contratos ilícitos celebrados por las agencias de seguridad mexicanas y, mediante soborno, manipulación de licitaciones y/o corrupción en México, se aseguró que no hubiera problemas para sus contrataciones, dice la denuncia.

 

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