Un juez federal negó en definitiva a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores, acusados por el Conacyt por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

 

El juez federal del caso fue Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

 

El juez le solicitó al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) perfeccionar el caso antes de hacer un nuevo intento. Pero también rechazó este segundo intento de la FGR.

 

La denuncia presentada ante la FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos a una asociación civil con razón social Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt.

 

En total, sería un monto de unos 200 millones de pesos, que fue el presupuesto asignado durante el sexenio pasado al órgano autónomo consultivo.

 

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