Incluye a gobernador, titular de seguridad pública y fiscal general del Estado.

 

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Diputación Permanente del Congreso convocó a una sesión extraordinaria urgente para mañana 22 de septiembre a fin de aprobar antes de que concluya el actual periodo constitucional diversas iniciativas que forman parte de un blindaje panista con miras a la próxima Legislatura y el fin de sexenio.

 

La sesión extraordinaria que dará inicio a las 7:30 de la noche fue convocada ex profeso para aprobar 10 dictámenes que hoy se avalaron y que tienen que ver con iniciativas en materia de la fiscalía general de Justicia y de Seguridad Pública, así como otras.

 

Destacan el blindaje al fiscal general de Justicia en caso de destitución y designación, la disminución del periodo de fuero para diputados locales, la enajenación de un predio en La Pesca a favor del Gobierno estatal y la armonización de leyes locales para brindar seguridad personal al gobernador y otros funcionarios cuando concluyan su cargo.

 

En el primer tema, la fracción panista propuso que el fiscal general de Justicia sólo podrá ser destituido si así lo considera la mayoría calificada del Congreso estatal, es decir de las dos terceras partes, así mismo podrá ser reelegido si así lo considera la Legislatura local, además de que tendrá la facultad de nombrar a los titulares de las Fiscalías especializadas.

 

En el tema del fuero de los diputados locales, propuso que esté inicie una vez rindan protesta los legisladores locales y no desde el momento mismo de su elección, como está estipulado actualmente en la Constitución local.

 

Así mismo, se dictaminó a favor una iniciativa de decreto para enajenar un predio de 42 hectáreas a favor del Gobierno estatal en la Playa La Pesca para destinarlo a proyectos turísticos con la participación de la iniciativa privada, mismo que fue expropiado hace un mes a un particular que se había apropiado de él de manera irregular.

 

Así mismo, se dictaminaron reformas a leyes locales para armonizarlas con las reformas aprobadas recientemente en la Constitución a fin de brindar seguridad personal al gobernador y altos funcionarios de la Fiscalía y la SSP cuando concluyan su cargo por el mismo número de años en qué estuvieron en él o más si así se requiere.

 

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